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lunes, 20 de noviembre de 2017

Baja el precio del limón porque entraron las cosechas nacionales

Lunes, 20 de Noviembre, 2017 - 00h07
einte limones ecuatorianos por $ 1 daba ayer Stalyn Marín, en los exteriores del Mercado Municipal de Sauces 9.  
“Lleve, 20 limones por $ 1”, “Veinticinco limones por $ 1”, “Le doy hasta 30 limones (pequeños y peruanos) por $ 1” eran algunas frases que se escuchaban ayer dentro y fuera de varios mercados de la urbe, así como en ferias, esquinas, redondeles y calles transitadas.
La oferta de limón ecuatoriano comenzó a crecer desde hace unas tres semanas, dicen los vendedores, cuando ingresaron ya las primeras cosechas de provincias costeñas como Santa Elena y Manabí. Antes de eso, el limón escaseó y llegó a venderse al público hasta en $ 0,25 y $ 0,30 cada unidad.
En septiembre pasado, el limón llegaba de Colombia y solo una parte se quedaba en el país; el resto iba a Perú, que también tuvo escasez por el invierno que destruyó sus cultivos, comentaron en ese entonces los vendedores. Ahí la saca llegó a costar hasta $ 240.
Ahora, el limón que se oferta en los mercados y tiendas es el ecuatoriano (grande y brilloso) y el peruano, que es más pequeño y su color es más opaco, indican los comerciantes.
El limón peruano está más barato y se da entre 25 y hasta 30 unidades por un dólar, afirman los vendedores.
En el Mercado de Transferencia de Víveres de Guayaquil, en Montebello, los dueños de comedores y locales de comidas salían ayer con limón ecuatoriano que compraban a entre $ 34 y $ 35 el saco de unas 1.000 a 1.200 unidades nacionales, llamadas también zona.
Luis Román, del local 6-3, era uno de los vendedores que ofertaban el limón ecuatoriano y también el peruano. Él tenía ayer la saca del ecuatoriano (de unas 1.200 unidades) a $ 34. La cosecha era de Manabí, mientras que la saca (unos 1.400) del peruano estaba en $ 25. Sus clientes prefieren el ecuatoriano, que es más grande.
Stalyn Marín, de 20 años, también oferta 20 limones ecuatorianos por un dólar, más la yapa (otra unidad adicional) que le pedían unos clientes. Él estaba afuera del Mercado Municipal de Sauces 9, en el norte. Cuenta que la oferta varía dependiendo del precio diario y del tamaño de la saca.
“Ya era hora de que haya limón otra vez. En la mesa es infaltable”, dijo Nancy Figueroa, que compró dos fundas. (I)

Fuente: https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/11/20/nota/6489229/baja-precio-limon-porque-entraron-cosechas-nacionales

Empleados de medios incautados subsisten con otras actividades


20 de noviembre de 2017 00:00
La cabina de la Radio Súper K800, durante un programa deportivo. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Jorge González Recurrir a chulqueros, depender de familiares y aprovechar los fines de semana para animar eventos o trabajar como albañiles y electricistas. Son varias de las medidas que tomaron algunos periodistas, camarógrafos y demás trabajadores de cuatro radios y un canal incautados, para subsistir ante el pago atrasado de sus sueldos. Las quejas por la falta de salarios a tiempo se acentuaron tras el anuncio del gerente de Medios Públicos, Andrés Michelana, sobre las pérdidas económicas millonarias en dos de los principales medios: TC Televisión y Gamavisión. Los más afectados son los empleados de las radios Súper K800, Revolución, Carrusel y La Prensa. Ellos recién cobraron el viernes, 17 de noviembre del 2017, la remuneración correspondiente a septiembre. Los trabajadores de Cablevisión, empresa que ya está en disolución y liquidación, también recibieron ese día su pago pendiente por la segunda quincena de septiembre. El lunes, durante una visita de este Diario al complejo donde funcionan las cuatro radios, en el norte de Guayaquil, parte de los 50 empleados se agruparon para relatar la “dolorosa situación”. Uno de ellos es el periodista Rodolfo Enríquez, quien trabaja como redactor en Radio Carrusel. Tiene 51 años de edad y seis labora en la radio; es una persona con movilidad reducida por una discapacidad. Cuenta que desde hace un año y medio, junto con sus compañeros, vive “una situación de espanto”. En su caso -dice- ha tenido que recurrir a préstamos con altos intereses o depender “de la buena voluntad” de allegados, para poder mantener a sus tres hijos de 19, 16 y 11 años. Como él, varios de sus compañeros cuentan que el ambiente laboral ya no es únicamente de trabajo, sino que el día a día se volvió de desahogo. “Siempre nos prestamos un dólar para pasajes o nos ayudamos cuando alguien necesita para medicinas o alimentar a los suyos”, relata otro colaborador, que pidió el anonimato. Él afirma que ha tenido incluso que aprovechar sus horas libres para animar eventos o hacer trabajos eventuales periodísticos para ayudar a su esposa. “Es imposible vivir casi tres meses sin el sueldo fijo”. Carlos Usategui es el encargado de las cuatro radios, desde septiembre. Explica que hay 50 trabajadores, 11 con servicios prestados y 39 enrolados. Reconoce que la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es de USD 370 000 por 25 meses de retraso. En tanto, en el Servicio de Rentas Internas (SRI) hay una deuda por USD 120 000. Justamente, el caso ha generado problemas a los trabajadores porque se les ha imposibilitado pedir préstamos, como el quirografario, en el IESS. Según Usategui, la caída de las radios comenzó en el anterior Gobierno, pues les afectó estar ligados a cadenas y sabatinas. En el caso de las emisoras, se quiere hacer un análisis de pérdidas similar a las que se revelaron de TC y Gamavisión. “Hay un estimado en pérdidas por un millón”, dice. Michelena había informado que desde el 2008, año de su incautación, Gamavisión registró pérdidas por USD 17 millones. Mientras que TC arrojó una pérdida de USD 6 millones hasta agosto pasado. Había señalado que no quedaba la “mínima duda” de que bajo las administraciones del Gobierno anterior “se manejó a los medios públicos de manera propagandística y mediocre, dispendiosa e indolente”. En Cablevisión, la situación de los trabajadores es similar. Galo Arbeláez, secretario nacional del Comité, comenta que 70 colaboradores tienen problemas por los atrasos. Uno de ellos es Emilio Avendaño, de 47 años. Él es director de cámaras, pero desde hace dos años hace trabajos de electricista para sobrevivir. En el canal pasa la mayor parte del tiempo sin trabajo, ya que no se emite programación, por lo que aspira a que lo liquiden, según las normas vigentes. Jorge Kalil, quien es desde el pasado septiembre gerente de Control Societario de las empresas incautadas, asegura que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) ha definido estrategias para capitalizar los medios para poder cancelar el dinero en mora. Está previsto que el 24 de este mes -detalla Kalil- se les pague a los 50 empleados de las cuatro radios y de Cablevisión sus salarios de octubre y el de noviembre, el 1 de diciembre. En Cablevisión, la nómina de la quincena asciende a USD 26 000 y 28 000, y el fin de mes a USD 34 000, según el directivo. En las radios, la nómina de personal afiliado es aproximadamente USD 30 000 cada mes. Acciones de trabajadores Hace dos semanas, Jorge Kalil se reunió con funcionarios de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Ahí conoció en detalle los valores que los trabajadores adeudan por la compra de acciones en TC (10%) y Gamavisión (4,5%) en el 2011. Según la CFN, la deuda por capital de los empleados de Gamavisión es USD 301 269. Los trabajadores que son dueños del porcentaje de acciones del canal conformaron un fideicomiso. En TC, la deuda es de USD 4 518 686. En ambos casos, el valor puede ser cancelado hasta en 15 años plazo, con pagos anuales y al 5% de interés anual. Kalil explica que ya se tienen los fondos para hacer pagos y hacer abonos a esa deuda. La próxima semana tendrá otra reunión con los directivos de la CFN y con los gerentes de TC y Gamatv “para establecer los lineamientos que correspondan para liquidar esos temas”, agrega Kalil. Contexto En octubre, el Gobierno transparentó las pérdidas de los medios incautados y criticó el manejo propagandístico que tuvieron durante el anterior régimen. Se anunció un reestructuración total.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/empleados-medios-incautados-subsisten-salarios.html.

Rafael Correa confirma que volverá a Ecuador el 24 de noviembre

19 de noviembre de 2017 17:57
Rafael Correa dijo el pasado 22 de septiembre que estaba dispuesto a volver a Ecuador para lanzar una Asamblea Constituyente. Así lo afirmó en una de las primeras entrevistas con la prensa internacional, después de dejar la Presidencia. Actualmente el exmandatario afirmó que regresará el país el 24 de noviembre. Foto: Archivo/ AFP
Adriana Noboa (I) El expresidente Rafael Correa planea regresar al país el próximo viernes 24 de noviembre, por primera vez desde que dejó el cargo, a fin de defender los programas sociales y los avances económicos que considera se lograron durante sus 10 años de gobierno. “A mí no hay nada que me impida regresar al Ecuador”, indicó y añadió que no tenía miedo de lo que describió como una campaña de amenazas e incitación al odio hacia él en los medios de comunicación. Así lo confirmó a la agencia The Associated Press, durante una entrevista en Madrid, el sábado 18 de noviembre de 2017. Y aprovechó para pedir al presidente Lenín Moreno que explique por qué se reunió, a principios de año, con Paul Manafort, el expresidente de campaña del Jefe de Estado de EE.UU., Donald Trump. “Si lo ocultan es porque algo esconden”, dijo Correa, agregando que “los acuerdos políticos tienen que ser a la luz del día”. También afirmó que no estaba al tanto del viaje y que se enteró por la prensa hace unos días, así como que tenía información sobre la reunión más allá de los rumores. “Es muy preocupante que haya habido la visita de un tipo como Manafort y que se haya mantenido oculta, escondida, esa visita al pueblo ecuatoriano”, dijo. Manafort fue recientemente acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos. Y visitó Ecuador el 9 de mayo, según un documento judicial presentado en los tribunales estadounidenses. El fiscal especial Robert Mueller dijo que Manafort utilizó un teléfono registrado con un nombre falso y que viajó con uno de los tres pasaportes estadounidenses que posee, antes de ir a México y China semanas después. Un portavoz de Moreno dijo en septiembre a The New York Times que Manafort, quien entonces estaba siendo investigado por sus vínculos con el partido gobernante ucraniano, se reunió con Moreno pero nunca explicó por qué. La oficina del Presidente se negó a hacer declaraciones al ser contactada por The Associated Press. Y la Secretaría Nacional de Comunicación también optó por el silencio, al ser consultada al respecto por la prensa local, esta tarde, 19 de noviembre de 2017. Alianza País dice que Correa asistirá a su convención ​ El anuncio y confirmación de Correa se da después de que una facción de la Directiva Nacional de Alianza País decidiera convocar a una Convención Nacional, el próximo 3 de diciembre. Esto después de que destituyeran a Moreno del cargo de presidente nacional del movimiento, el pasado 31 de octubre. Sin embargo, dicha destitución no puede ser ejecutada ante la autoridad electoral, ya que el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe emitió medidas cautelares a favor de Moreno, manteniéndolo a la cabeza del movimiento. Aunque Gabriela Rivadeneira, secretaria Ejecutiva de AP, los denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por arrogación de funciones. La audiencia de ese caso se llevará a cabo este miércoles. Además, una parte del Comité de Ética del oficialismo sancionó por seis meses a quienes tomaron la decisión de sacar al Mandatario y poner en su lugar a su exconsejero presidencial, Ricardo Patiño, quien lidera la facción ‘correísta’ de la agrupación. Pero la otra facción ya había destituido a la presidenta de dicho Comité, Mary Verduga, por incumplimiento de funciones, y ahora se ha conformado un nuevo organismo con simpatizantes del exmandatario.

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-anuncio-vuelve-ecuador-noviembre.html

El cajón de Jorge Glas donde duermen varias denuncias

Diligencia. Jorge Glas durante la audiencia de habeas corpus cumplida en octubre en la Corte Nacional.

El exconsultor Diego Vallejo denunció como ejemplo el caso del viaje de Ricardo Rivera a China. A ese se suma la recuperación de dinero de las telefónicas.

Entre 2008 y 2010, denuncias relacionadas con las telefónicas y el viaje de Ricardo Rivera, tío del actual vicepresidente sin funciones Jorge Glas, fueron al archivo.
Y el archivador era el entonces gerente del Fondo de Solidaridad y luego ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Gas. Lo asegura Diego Vallejo, exconsultor de los ministerios de Justicia e Interior, de la desaparecida Secretaría de Transparencia y de la Senain.
Vallejo, actualmente en Estados Unidos y con pedido de asilo político en ese país, recuerda que el 28 de agosto dirigió una carta al expresidente Rafael Correa con una ayuda memoria para recuperar más de 200 millones de dólares de las telefónicas, según un documento al que accedió EXPRESO.
En esa misiva, Vallejo le decía a Correa que han “tratado de llegar con esta información por todas las instancias, pero al haber mucho conflicto de intereses, no ha sido posible”.
Andrés de la Vega, exjefe del Despacho Presidencial (e) redireccionó el tema a Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones y a Glas, gerente del Fondo de Solidaridad.
De la Vega, actual viceministro del Interior, dijo a EXPRESO que los pedidos los orientaba a los asesores o a los ministerios competentes.
Vallejo contó a este Diario que luego de su carta hubo una reunión con Global Audit, la empresa estadounidense que estableció la posibilidad de recuperación. Dos telefónicas firmaron un convenio que no se concretó.
El exconsultor recuerda que Global Audit mantuvo conversaciones con Glas quien “desde esa época dio largas, no dio acceso y dilataba las cosas”.
Afirma que para ese tiempo el tío del vicepresidente había ocupado un cargo en la ex-Supertel. “Había intereses de por medio por eso no se permitió efectuar la auditoría”, señala.
La Supertel, cuyo lugar fue ocupado por Arcotel en 2015, hizo una auditoría técnica al tráfico telefónico internacional de la red de telefonía fija de CNT y el informe con recomendaciones se presentó en junio de 2009. El ofrecimiento fue que en él se recogería la denuncia de Global Audit.
Arcotel indicó a este Diario que en su momento se requirió a esa firma el sustento, pero nunca respondieron. El informe, señaló Arcotel, recoge las revelaciones e irregularidades que no se dieron en la magnitud que Global presumía.
Jaramillo contó que la auditoría de Global no se dio “porque ellos no llegaron a firmar el acuerdo con CNT”.
Pero ese no fue el único caso que encontró obstáculos cuando llegó a conocimiento de Glas. El 29 de septiembre Vallejo envió una carta al fiscal Carlos Baca en el caso de asociación ilícita por la trama de sobornos de Odebrecht. En la comunicación reveló que como consultor investigaba el viaje de Rivera a China en representación del exministro Glas. Sin embargo, hubo la disposición directa de Glas “de que se suspenda la investigación”, reitera Vallejo.
El exconsultor recuerda otras dos denuncias que tuvieron el mismo destino. Una a una empresa China que recibía el 70 % de las contrataciones. La irregularidad fue recogida en un informe de la Secretaría de Transparencia que le dio la razón a la firma reclamante.
El otro informe frenado fue uno sobre las termoeléctricas y las afectaciones para el Estado, concluye Vallejo.

 

 

 

Los deslices en el control de obras con deuda pública

 
Fiscalización. El examen verificó que la inversión de los recursos de los créditos haya cumplido las normas legales y las fijadas en los contratos de los préstamos.

Fue ineficiente la supervisión sobre el uso de los recursos en los últimos años, señala la Contraloría. Un análisis a una muestra de proyectos revela las falencias.

La terminación del Hospital de Especialidades de Portoviejo, un proyecto que fue considerado de prioridad uno, sigue en espera. En febrero del 2013, el entonces llamado Instituto de Contratación de Obras contrató a la empresa China CAMC Engineering para su construcción, que debía culminar a mediados del 2014. El costo contractual fue de $ 89’183.178.
Imprevistos como el aumento de la capacidad de 400 a 528 camas y cambios en el diseño estructural, hicieron que se firmen contratos y órdenes de trabajo adicionales y que la obra termine costando $ 151 millones. Su entrega se ha anunciado para el 2018.
Ese hospital forma parte de los proyectos de infraestructura que fueron financiados por el Banco de Desarrollo de China (CDB), por $ 1.200’000.000, mediante tres líneas de crédito acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Una revisión de la Contraloría General del Estado a una muestra de proyectos, que se sustentaron con créditos que alcanzaron los $ 14.759’.060.883,79, desvela un flojo control estatal sobre el registro y uso de los recursos de libre disponibilidad destinados a las obras (ver infografía).
Las observaciones se recogen en un reciente informe de auditoría al manejo de los procesos de endeudamiento público entre 2014 y 2015, así como al uso de los recursos de los empréstitos del CDB entre 2010 y 2015.
El incumplimiento de normativas vigentes por parte de funcionarios de Finanzas contribuyó a esas falencias que, según el organismo de control, ocasionaron, por ejemplo, que no se identifique la cuantía desembolsada de cada préstamo.
El informe detalla proyectos que no cumplieron con las expectativas de beneficio social porque no se concluyeron en los plazos previstos. Estos son: el Parque Eólico Villonaco ($ 23, 4 millones), Central Térmica Esmeraldas II ($ 101 millones), compra e instalación de equipos biomédicos y mobiliarios para los hospitales públicos ($ 53, 9 millones) y proyectos hidroeléctricos Mazar Dudas ($ 47,5 millones) y Quijos ($ 138 millones). En estos dos últimos se declaró la terminación unilateral de los contratos.
EXPRESO expone tres casos representativos
Este Diario no pudo obtener un pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. Su titular, Carlos de la Torre, evitó comentar sobre las observaciones porque, adujo, son casos que no corresponden a su gestión.
Transmisión de energía de 500 kV

 Recargo de $ 7 millones por el crédito para obra eléctrica

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) suscribió, el 26 de julio del 2013, un contrato con la empresa china Harbin Electric International, para el diseño y construcción de un sistema de transmisión para 500 kilovoltios (kV). En el proceso precontractual -observa la auditoría- no se precisó que se recurriría a financiamiento externo. El proyecto dependía de un crédito del Eximbank de China, por $ 509’232.882,64, y fondos fiscales por $ 89’864.626,36. Las condiciones del empréstito, que debía gestionar Finanzas, incluían el pago de una póliza de seguro. Según la Contraloría, la demora en su pago causó la suspensión temporal de la obra y generó recargos financieros por $ 7’018. 000,46, que el Estado deberá asumir. EXPRESO está a la espera de una versión que ofreció la nueva administración de Celec sobre las observaciones.

Un proyecto en deuda con las expectativas de beneficio
El 15 de diciembre del 2014, el Ministerio de Salud y la empresa china Sinopharm International firmaron un contrato para la compra e instalación de equipamiento biomédico y mobiliario para los hospitales, por $ 53’ 884.442, que sería financiado con un préstamo de China. En 2015, se acordó una ampliación del plazo, justificada por la demora en el pago del anticipo, problemas en la desaduanización e insuficiente preparación de los hospitales para recibir los equipos. Según la auditoría, “el proyecto no cumplirá con las expectativas de beneficio social, ante la prioridad de financiarlo con recursos de endeudamiento público”. Salud condicionó las respuestas a un pedido de este Diario, a que este se haga por escrito. Mencionó que en el informe DNA3-0001-2017 de la Contraloría, “no consta lo aludido respecto al contrato que se solicita información”.
Dación en pago creó deuda pública

 

Bonos para pagar al IESS afectaron la caja fiscal
En 2014 y 2015, Finanzas autorizó la colocación de bonos por $ 585’ 201.210,29 en el IESS bajo la figura de “dación en pago” para cubrir deudas pendientes que debió presupuestar para cubrir el pago del 40 % de las pensiones de los jubilados. La Contraloría observó que estos gastos son permanentes y debieron ser transferidos cada mes al Seguro, y que para cumplir con ese compromiso, el Gobierno lo hizo mediante la emisión de deuda pública. Esas colocaciones generaron intereses por rendimiento de $ 27’ 835. 762,39, que afectaron la liquidez de la caja fiscal, advierte el informe. El 20 de abril del 2015, a través de una reforma legal, se suprimió esa obligación del Estado. Según la Contraloría, hasta esa fecha, Finanzas inobservó la normativa vigente y no tomó los correctivos que habían sido recomendados en una anterior auditoría.